Inmediatamente aparecieron las críticas por complacer con deporte, y a cambio de dinero, a un país que viola constantemente los derechos humanos, a lo que Rubiales respondió asegurando que las mujeres españolas que quisieran asistir al evento no tendrían ningún problema en sentarse con el resto de los hombres, en vez de tener que quedar recluidas en el lugar que hay reservado para ellas en los estadios saudíes. Por su parte, los clubes tampoco han puesto muchas pegas ya que, de esos 120 millones se llevarán en torno a la mitad, con un plus de 2 millones para el ganador y 1,4 para el subcampeón. El que fuera entrenador del F.C. Barcelona hasta el pasado 13 de enero, Ernesto Valverde, quien criticó el nuevo formato, también reconoció hace días en rueda de prensa que la única motivación de que la Supercopa tuviese lugar en Arabia Saudí era el dinero: “Campeón de Liga sólo hay uno y campeón de Copa sólo hay uno [...] Hay que tener en cuenta que el fútbol en el que estamos es una industria. Se están buscando fuentes de ingresos, que es por lo que realmente estamos aquí”, dijo.
La propia Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), el organismo de mayor entidad en el fútbol europeo, recomendó a sus 55 asociados que no disputasen torneos en países “donde no se respetan los derechos básicos de las mujeres”. Medios de comunicación como RTVE se negaron a pujar por los derechos al conocerse el destino de la renovada Supercopa, alegando que Arabia Saudí es “un país donde se vulneran a diario los derechos humanos, especialmente los de las mujeres, teniendo a la mitad de su población sometida a un régimen autoritario y casi medieval”.
Pena de muerte, torturas y persecución política y religiosa
Está investigado, demostrado y denunciado que Arabia Saudí viola sistemáticamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las libertades civiles, aunque desde la RFEF llegaron a cargar contra quienes esgrimían estos argumentos para oponerse a la celebración del torneo en el país del Golfo Pérsico, asegurando que se trata de “opiniones creadas”.
En su último informe anual sobre La situación de los Derechos Humanos en el mundo, la ONG Amnistía Internacional denuncia, entre otras cosas, que el régimen del príncipe heredero de la monarquía absoluta saudí, Mohamed bin Salmán, restringe con contundencia las libertades de expresión, reunión y asociación; detiene y encarcela, con juicios que en la mayoría de las ocasiones no tienen garantías, a opositores políticos y personas críticas con el Gobierno; persigue, tortura, condena a muerte y ejecuta, con el respaldo de esos mismos procedimientos judiciales, a chiíes (en Arabia Saudí predomina la rama del Islam suní); y discrimina y segrega a las mujeres, que no están protegidas de ninguna forma contra ningún tipo de violencia.
El mismo documento explica cómo la separación de poderes es prácticamente inexistente, y muchas de las competencias que deberían desempeñar ministerios como el de Interior han pasado directamente a la potestad de bin Salmán. Así, es el rey el que se encarga de tratar las cuestiones relacionadas con la seguridad nacional y el terrorismo, un epígrafe bajo el que, según Amnistía Internacional, el régimen detiene y juzga a activistas pro derechos humanos o blogueros críticos que vierten opiniones no violentas.
En abril de 2019, por ejemplo, las autoridades saudíes utilizaron los cargos de “terrorismo” para llevar a cabo la ejecución sumaria de 37 personas, de las que al menos tres eran menores de edad en el momento en que se dictó la sentencia. Inmediatamente la ONU condenó las ejecuciones y la ONG Human Right Watch alertó de que 33 de los 37 asesinados pertenecían a la comunidad chií, que se les había imputado por delitos relacionados con manifestaciones en las que participaron años atrás, y que 25 de esos 37 fueron condenados en juicios sin garantías después de declarar habiendo estado sometidos a torturas.
Aun así, el caso de totalitarismo más conocido recientemente fue el del asesinato del periodista Jamal Khashoggi—muy crítico con el régimen—, en octubre de 2018, en la embajada saudí en Turquía. Más de un año después, y ante el eco internacional y las evidencias de que el periodista fue asesinado (torturado, asfixiado, descuartizado y disuelto en ácido) por mandato gubernamental, bin Salmán intentó zanjar el asunto iniciando primero una investigación de dudosa eficacia y credibilidad. Después, condenó a muerte el pasado diciembre a cinco personas, a pesar de que la Fiscalía aseguró en sus conclusiones que los acusados no tenían intención de asesinar a Khashoggi, ya que éstos no estaban “enemistados” con el periodista.
Siempre con el permiso de un hombre
Las libertades de las mujeres y las niñas son, también, prácticamente inexistentes en Arabia Saudí, si bien la RFEF se empeñó en defender que la celebración del torneo sería algo positivo para la consecución de la igualdad en el país de Oriente Medio. El régimen de bin Salmán discrimina a las mujeres por ley: necesitan la autorización de un hombre (padre, marido, hermano o hijo) para poder estudiar en la universidad, encontrar trabajo, casarse o viajar; y son perseguidas si protestan o se manifiestan.
Una de ellas, la activista Loujaini al-Hatoul, fue perseguida y detenida varias veces desde marzo de 2018 por oponerse a la tutela masculina y protestar por los abusos contra las mujeres en el país. Una de las detenciones de al-Hatoul se produjo por saltarse la prohibición que hasta hace tan solo unos meses tenían las mujeres para conducir. Aunque desde 2017 el régimen está promulgando algunas medidas aperturistas —ahora las mujeres pueden entrar a los restaurantes por la misma puerta que los hombres—, sus detractores estiman que son insuficientes y van despacio, mientras que los más conservadores consideran que van demasiado deprisa.
El pasado 11 de noviembre, el mismo día en el que el ministro de Deportes saudí presentó en Madrid la Supercopa junto a Rubiales, la monarquía absoluta emitió un vídeo en el que habla del feminismo, la homosexualidad o el ateísmo como “ideas extremistas” poco deseables, que es mejor atajar y reprimir. Otro indicador de la situación de las mujeres en Arabia Saudí es el Informe Global sobre la Brecha de Género que publica el Foro Económico Mundial, que evalúa los derechos fundamentales de las mujeres en áreas como la política, la economía, o la educación, y que coloca al régimen en el puesto 141 de 149 (España se encuentra en el puesto 29).
Dinero y deporte, cebos para blanquear reputaciones
No obstante, la Supercopa en Arabia Saudí no es una excepción. Últimamente se ha puesto de moda deslocalizar torneos nacionales, y países con cuestionables garantías democráticas empiezan a emerger como anfitriones de competiciones deportivas internacionales.
La Copa Mundial de Fútbol de 2018 en Rusia es el ejemplo más reciente. A pesar de que la oposición política del presidente ruso, Vladimir Putin, sufre la represión del Kremlin y los homosexuales son agresivamente perseguidos y acosados, Moscú organizó la competición aprovechando la oportunidad de ser el epicentro mundial del fútbol durante un mes para venderse como un país moderno y tolerante.
Un ejemplo similar al de Arabia Saudí es el de Qatar, su principal competidor en esta nueva empresa en la región, y con quien ha roto relaciones diplomáticas. El país, una represora monarquía hereditaria y casi absoluta, ya es una parada habitual de competiciones como la Fórmula 1 o Moto GP, y será el organizador del próximo Mundial de Fútbol de 2022, gracias al desembolso de decenas de millones de euros, no solo en infraestructuras.
En el horizonte saudí, además de la Supercopa de España de la que será sede durante tres años seguidos, se encuentran el Dakar (que ya lleva en torno a una década en Latinoamérica); una prueba de Fórmula E (una carrera urbana en Riad); y dos exhibiciones de la lucha libre estadounidense, la WWE, hasta 2027. La organización y celebración de este tipo de eventos deportivos podría dar a entender, de momento, que mientras haya petrodólares, el respeto por los derechos humanos pueden esperar.
