Buscar
11:57h. Miércoles, 17 de Octubre de 2018

Metaperiodismo | Libertad de expresión

El PSOE, los límites de la libertad de expresión y el auge de las 'fake news'

Varios medios de comunicación han recrudecido sus ataques contra el PSOE tras las polémicas declaraciones de la vicepresidenta.

Carmen Calvo (i) en un acto contra la violencia de género | PSOE Extremadura
Carmen Calvo (i) en un acto contra la violencia de género | PSOE Extremadura

Las declaraciones de Carmen Calvo en la presentación de la XVI Jornada de Periodismo han causado revuelo en diarios como El Español, El Mundo, ABC y sucedáneos. «La libertad de expresión no lo resiste todo», sentenció la vicepresidenta ante el público, para luego defender la necesidad de que existan regulaciones que la limiten. Los titulares sensacionalistas no se han hecho esperar: «Calvo propone limitar la libertad de expresión de los medios en plena crisis del Gobierno», titula el diario de Pedro J. Ramírez.

El Mundo tampoco se queda corto: «El Gobierno, acorralado, amenaza ahora con amordazar la prensa». Okdiario se suma a la escalada sensacionalista: «Calvo defiende poner límites a la libertad de expresión en plena crisis de credibilidad». Periodista Digital prefiere un cínico exabrupto con el que cree haber "cazado" a los "cazadores": «Los acojonantes 12 segundos de Robles que dejan con el culo al aire a los amordazadores Sánchez y Calvo». Jiménez Losantos lo tiene claro en su programa radiofónico de esRadio: «Calvo quiere amordazar a la prensa». Hay otros ejemplos que siguen la misma línea.

Estos medios de comunicación asocian los comentarios de la ministra con una maquiavélica táctica del PSOE para acallar los ataques con los que han sido ametrallados desde el 2 de junio: El supuesto plagio de parte del doctorado de Pedro Sánchez; las cintas de Villarejo, donde se escucha a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, llamar «maricón» a Grande-Marlaska; las acusaciones de evasión fiscal lanzadas contra Pedro Duque; las dudas sobre las irregularidades en el máster de la exministra de Sanidad, Carmen Montón, que provocaron su dimisión y que, ahora, parecen llegar a su fin tras el auto del Tribunal Supremo sobre el "caso máster" de Pablo Casado, etc.

Sin embargo, las declaraciones de Carmen Calvo fueron solo eso: declaraciones. Las hizo en el contexto de la inauguración de una charla organizada por la Asociación de Periodistas Europeos titulada ¿Quién paga la mentira? ¿Es de pago la verdad?, centrada en el análisis de las fake news. La vicepresidenta defendió que la mayoría de los ciudadanos ha perdido confianza en los medios de comunicación y que ya no se fían de lo que leen, ven y escuchan. «La información falsa sobre la noticia/bulo es rápida y gratis en términos materiales y carísima en términos del peligro que eso alberga para la convivencia y la propia democracia», sostuvo, y luego recordó que varios países de la Unión Europea «están tomando decisiones sobre regulación» en materias de libertad de expresión. Puso como ejemplo a Francia, Italia, Reino Unido y Alemania.

Quienes creen viable la modificación de las libertades no deben olvidar que para reformar el artículo 20 de la Constitución Española, que recoge todo lo relativo a la libertad de expresión y prensa, hace falta, primero, remitirse al artículo 168. Este explica que en caso de reformar el Título I, Capítulo Segundo, Sección 1ª de la CE (donde se incluye el art. 20), la edición deberá ser aprobada por mayoría de dos tercios en el Congreso de los Diputados y en el Senado, para después disolver las Cortes, convocar elecciones y que las nuevas Cortes aprueben el texto constitucional reformado. Después deberá ser sometida a referéndum para su ratificación definitiva. Los pocos apoyos de los socialistas en el Congreso hacen muy complicado este procedimiento agravado de reforma constitucional.

 

La sociedad desinformada

La ministra también hizo hincapié en cómo los jóvenes son criados en un ámbito de desinformación y de postverdad donde cada vez es más difícil esclarecer la realidad. Los periodistas, en vez de luchar por lavar su imagen pública y crear un estándar de profesionalidad y rigor informativo, parecen preferir doblegarse ante intereses partidistas e ideológicos y lanzar acusaciones en vez de comunicar con coherencia y evitar el sensacionalismo. Lo único que consiguen es confundir y crear una sensación de hastío y rechazo en torno al oficio periodístico. No es de extrañar que la placa de la Facultad de Ciencias de la Información apareciese una mañana pintarrajeada con un (Des)Información.

Es sencillo malinterpretar las palabras de la vicepresidenta si se las saca del contexto de una charla que habla sobre las noticias falsas y la difusión de bulos. Conociendo la campaña de desprestigio que se ha puesto en marcha desde que Sánchez ocupó la Moncloa a golpe de moción de censura, los políticos socialistas deberían tener más cuidado con lo que dicen. Para quienes buscan material con el que disparar al PSOE es fácil asociar que «las declaraciones de Calvo coinciden en el tiempo con la tormenta política que atraviesa el Ejecutivo de Sánchez tras el escándalo de las grabaciones de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y la creación de una sociedad instrumental del ministro de Ciencia, Pedro Duque, para comprarse un chalé en Jávea y evadir impuestos» (El Español).

Esa frase debe ser matizada en tres puntos. Primero: las grabaciones de la ministra de Justicia han generado polémica porque ciertos medios de comunicación de dudosa ética profesional así lo han querido. Han decidido publicarlas utilizando titulares sensacionalistas con el objetivo de desgastar la imagen pública de Dolores Delgado. Las declaraciones, realizadas en el ámbito personal y grabadas de manera ilegal, no dicen ninguna barbaridad. Ni siquiera se ha demostrado si son (o no) ciertas o están manipuladas. Segundo: a Pedro Duque no le han imputado ni condenado por evadir impuestos, por lo que se da por hecho algo que aún no está demostrado. Habrá que abrir una investigación al respecto y responder a ciertas cuestiones. Pero no olvidemos que el principio de nuestro sistema legislativo ampara al acusado: todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Tercero: se da por hecho que Carmen Calvo ha emitido esas declaraciones mientras pensaba en cercenar las libertades de los medios contrarios a su ideología, algo que recae en el complejo –y poco profesional, en este caso,– arte de la interpretación periodística.

¿Una cuestión democrática?

Ni el Ejecutivo de Sánchez prepara un anteproyecto de Ley con el que cercenar las libertades de expresión, ni ha dicho que se deba reprimir el sensacionalismo barato en el que caen algunos medios. Lo que sí se puede extraer de las palabras de Calvo es que cierto tipo de información falsa debe ser regulada y, posteriormente, penalizada, pues las catastróficas consecuencias de la desinformación y la propaganda son letales para una democracia seria y estable. Prohibir la falsedad no es censura; regularla es un sano ejercicio democrático.

Según recuerda –de manera muy acertada– Manuel Domínguez Moreno en Diario16 en su artículo «La libertad de expresión no es la coartada para la mentira y la injuria», existen «límites establecidos dentro de la libertad de expresión y se encuentran en el Código Penal en sus artículos 205 y 208». Estos dos artículos tratan sobre las injurias y las calumnias. El 211, además, se refiere al papel que ejercen los medios de comunicación en la difusión de las mismas.

La FAPE también se pronuncia

La Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles (FAPE) se ha pronunciado en un comunicado sin tener en cuenta, de nuevo, el contexto de las declaraciones de Calvo: «Los periodistas no estamos exentos de la ley y estamos obligados a respetar los derechos de los demás, sobre todo los relacionados con el respeto al honor, la intimidad, la propia imagen y la presunción de inocencia. También reconocemos nuestra obligación a difundir informaciones veraces, verificadas y diligentemente contrastadas, y debemos dar oportunidad a quien esté afectado por una información a que dé su versión de los hechos. Y, por supuesto, respetar y cumplir su derecho de rectificación».

Añade que «cada vez que los Gobiernos tratan de regular la libertad de expresión es para limitarla», recordando que la UE renunció a legislar sobre las fake news precisamente por el riesgo de limitar la libertad de expresión. La Razón titulaba esta información como «Los periodistas, tajantes contra Calvo: no a cualquier intento de modificar la libertad de expresión». Titular que después fue modificado por «Las asociaciones de periodistas rechazan cualquier regulación sobre la libertad de expresión».

El presidente de la FAPE, Nemesio Rodríguez, dijo que «las fake news se combaten con un periodismo que se ciña a los códigos éticos y con planes de educación escolar». El problema es que muy pocos medios de comunicación se ciñen a estos códigos éticos; están más interesados en hacer la vista gorda a la hora de tratar temas que no convienen a sus inversores o en tergiversar la información para servir a intereses políticos ajenos. De ahí que propusieran que en la ESO se imparta una asignatura de periodismo para que los jóvenes puedan dilucidar verdades en la tormenta mediática.

Censura y recorte de libertades

En Perro Come Perro estamos en contra de cualquier tipo de censura, recorte de libertades y regulación en la manera de expresar ideas y conceptos. Tampoco defendemos que en los medios de comunicación todo esté permitido: las mentiras, la falsedad, las medias verdades y la propaganda mediática que pueda incitar al odio, a la manipulación, al engaño, a las injurias y calumnias y al desprestigio de seres humanos adultos y decentes debe ser controlada mediante una serie de normas éticas y deontológicas periodísticas que no solo sean recomendaciones de estilo, sino estatutos de obligado cumplimiento por todos los profesionales que ejerzan el oficio. Es la única manera de fomentar un debate coherente y maduro construido sobre hechos contrastados y fuentes fiables y no sobre intereses políticos y chabacanos navajeos por la espalda.

No hay lugar para las fake news en el periodismo serio. No es una cuestión de ideologías: da igual si quien poda las mentiras lleva el color azul, rojo, naranja o morado. Lo importante es que se haga con coherencia y fundamento, sin limitar los derechos fundamentales. Estas medidas deben respetar el derecho de los periodistas a ejercer su oficio y a publicar toda clase de informaciones (tanto si son críticas con el Gobierno de turno como si no) mientras que cercenan los espúreos movimientos inquisitoriales que, a través de la manipulación mediática y las noticias falsas, destruyen cada día la sociedad de la información y, por ende, la democracia.